Aviso legal

La Mesa Sectorial de Sanidad, ámbito en el que se negocian las condiciones de trabajo de los empleados públicos de dicho sector, está compuesta por los representantes de la Administración y los sindicatos escogidos por los trabajadores en los procesos electorales determinados.
En el año 2007 se publicó el Estatuto del Empleado Público, acordado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. El artículo 38.10 de dicho documento permite la suspensión de acuerdos cuando “por causa grave de interés público derivado de una alteración de las circunstancias económicas, modifiquen o suspendan estos pactos o acuerdos alcanzados por interés general”. 
Y este fue el principio del fin de la negociación colectiva, ya que –a partir de ese momento- los gobiernos nacional y autonómico pueden suspender cualquier acuerdo sin que quede posibilidad de recurso en contra.
En el año 2010, la crisis económica pone de manifiesto toda la crudeza de este artículo, que se aplica ampliamente, tanto a nivel nacional como autonómico, para practicar recortes que llevan más de una década lastrando a la Sanidad.
Hoy, 11 años después, los presupuestos que publica el Gobierno de la Región de Murcia siguen paralizando acuerdos relacionados con la Sanidad y sin dar explicación alguna a las organizaciones sindicales que contribuyeron a su firma.
En los presupuestos del añ0 2012, la Comunidad Autónoma ya recoge que los cambios retributivos del personal laboral, sin especificar el sector, estarán sujetos al informe favorable de la Dirección General de Función Pública y la Dirección de Presupuestos y Fondos Europeos.
En el caso de la Sanidad, el personal laboral incluye al personal en formación: los MIR. Su órgano de representación sindical, el Comité de Empresa, jamás ha sido recibido por estas direcciones, las cuales desconocen por completo las necesidades específicas de los médicos en formación.
En este mismo año, se recoge que los aumentos presupuestarios en Sanidad precisarán de un informe de la Consejería de Hacienda y de la Dirección General de Presupuestos, algo que –con los años- pasó a depender de la Dirección de Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos.
En 2017, un acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial de Sanidad con el Sindicato Médico CESM para la reactivación del sistema de Carrera Profesional no fue ratificado por el Consejo de Gobierno, desautorizando a la entonces cúpula directiva de Sanidad. Como decía antes, el fin de la negociación colectiva en la Sanidad de la Región de Murcia. 
 
 
Esta práctica de desautorizar los acuerdos en Sanidad se ha extendido peligrosamente. Actualmente, cualquier acuerdo o pacto alcanzado en reunión de Mesa Sectorial de Sanidad tiene que pasar el filtro de la Dirección de Función Pública, además del pertinente Consejo de Gobierno de la Región, el cual decide –meses después- si aprobará lo que ha acordado el Servicio Murciano de Salud con los agentes sociales.
Esta mala praxis negociadora ha dejado sin contenido alguna a la Mesa Sectorial y ha convertido al gerente del Servicio Murciano de Salud y al consejero de Sanidad en interlocutores no válidos, ya que el Ejecutivo autonómico ha demostrado –en reiteradas ocasiones- que no tiene problemas en desautorizarlos una y otra vez.
A pesar de esta falta de seriedad, no hay consecuencias: ni dimisiones ni ceses, aunque no es lógico continuar en un cargo de responsabilidad cuando los mismos que te proponen te desautorizan y minan tu autoridad. Lo habitual, en estos casos, es presentar la dimisión.
Por otra parte, esta situación deja a los trabajadores de la Sanidad en una absoluta indefensión, ya que sus ámbitos de negociación no funcionan y los que están al otro lado de la mesa en las decisiones sobre sus condiciones laborales son ajenos a los problemas, carecen de formación y conocimientos en la materia, desconocen las necesidades asistenciales y las repercusiones para la población de la Región de Murcia. Tampoco hacen por conocerlos ni escucharlos.
En pocas palabras: la Mesa Sectorial de Sanidad se ha convertido en un órgano cuyas decisiones no son vinculantes y, en muchas ocasiones, supone una pérdida de tiempo, dado que los acuerdos alcanzados no son ejecutados por carecer del aval de quien gobierno, a pesar de los grandes esfuerzos sindicales.
Es curioso que el mismo gobierno que elige a un consejero o a un gerente sea el que favorece su descrédito.
Es muy grave que la forma de entender la democracia en nuestra Región sea anulando la negociación colectiva en uno de los ejes centrales del sistema del bienestar como es la Sanidad, a la que se quiere convertir en una farsa en un año de pandemia en el que la necesidad de recursos es imperiosa para poder atender con calidad a los ciudadanos. 
Los ciudadanos de la Región ya consiguen citas en Atención Primaria con un retraso de 15 días o un mes; los Servicios de Urgencias de Atención Primaria y de hospitales están colapsados durante todo el año; en las áreas periféricas de la Región, la necesidad de médicos es dramática… sin que el Gobierno regional se dé cuenta de que no puede seguir derivando todas las decisiones en manos ajenas a la Sanidad. 
Es hora, tanto por los sanitarios como por la población, de que el Gobierno abandone estas prácticas que solo respetan el derecho constitucional a la negociación colectiva de forma aparente, y que recupere las formas adecuadas que permitan  tener una Sanidad acorde con lo que necesitan los ciudadanos. En sus manos está, señor López Miras.