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Publicado en el diario La Opinión de Murcia el 16 de marzo de 2021
 
El año 2020 será un año difícil de borrar del inconsciente colectivo. Un año que ha supuesto un reto de adaptación para la humanidad en su generalidad, pero que ha sido especialmente duro para el colectivo sanitario.

Los médicos tuvimos que enfrentarnos a un virus desconocido sin armas para combatirlo. No disponíamos de equipos de protección suficientes y adecuados y no había fármacos con los que tratar una enfermedad de la que no conocíamos demasiado y para la que la humanidad carecía de inmunidad. El miedo a “llevar” el virus a casa o a tus pacientes y contagiarles se convirtió en nuestro compañero de trabajo. También el sufrimiento al ver cómo los propios compañeros se infectaban, ocupaban una cama de UCI, e incluso fallecían.

Con bolsas de basura como armadura y una sensación de desprotección continua, los aplausos desde los balcones nos ayudaban a mantener viva la esperanza. 

Los sanitarios apretamos los dientes y nos dedicamos a nuestro trabajo: tratar a nuestros pacientes. Costó mucho hacerlo, tanto que desde las organizaciones profesionales tuvimos que poner en marcha programas de apoyo psicológico para mantener a los compañeros en pie. La situación era dantesca.

A pesar de la crudeza de la situación, la violencia contra el personal sanitario sigue formando parte del día a día de los que trabajamos en el sistema sanitario.

Convivimos con una violencia sanitaria que no reflejan las estadísticas. Lo que vemos es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en realidad.

Los insultos, las amenazas, los golpes, los empujones… se han convertido en algo normal en la Sanidad. Qué grave es que hayamos llegado a normalizar lo que jamás se puede aceptar: la violencia. Qué grave es la desidia de la Administración frente a ello. Qué grave es que una parte de la población mire hacia otro lado. Y qué grave es que los sanitarios nos encontremos en una situación de abandono e indefensión en muchas ocasiones.

En la Región de Murcia, vivimos un episodio especialmente grave en este sentido. En marzo de 2009, un paciente asesinó a tiros a la Dra. María Eugenia Moreno, residente de Medicina de Familia en el centro de salud de Moratalla, cuando se encontraba trabajando en su consulta, y dejó una vida truncada en plena juventud.

Tras el asesinato, la Administración eludió su responsabilidad argumentando que “fue algo imprevisible”, a pesar de que las agresiones a sanitarios habían sido ya puestas en su conocimiento y formaban parte de la iconografía sanitaria. 

Han pasado 12 años de aquel asesinato que conmocionó a todos los médicos murcianos y a la sociedad en general. Doce años en los que algunas cosas han cambiado y se han establecido algunos protocolos que no son eficientes: los incidentes, leves y graves, siguen ocurriendo. En ocasiones, registramos agresiones cada día. Una parte de la población continúa culpando al médico de los problemas en el funcionamiento del sistema sanitario. Esa parte de la población sigue sin comprender que el trabajo del médico es ayudarle a solucionar su problema de salud y que tiene que ser su aliado incondicional.
Actualmente, en la Sanidad regional, no hay medidas de protección de los trabajadores ni de seguridad en todos los centros sanitarios. Las distintas medidas implantadas, todas con anemia financiera, no sirven y solo se denuncia una ínfima parte de las agresiones que se producen.

En este duro año de pandemia, con sanitarios llevados al límite y con agresiones en aumento, tenemos dos vías en las que avanzar: por una parte, campañas informativas que hagan visible este problema y una mayor educación sanitaria a la población que desconoce que el responsable de los problemas de la Sanidad no son responsabilidad del médico (ni de cualquier otro trabajador sanitario); por otra parte, aplicar medidas disuasorias mucho más contundentes y penas más duras para los agresores. Ambas vías requieren de una planificación previa y una adecuada financiación, algo que, hoy por hoy, la Administración no contempla.

Son muchos los compañeros que han sufrido una agresión en primera persona. Muchos han sentido el temor, la rabia, la impotencia y la soledad ante la violencia. Muchos callan por miedo a las represalias, otros porque se sienten solos o porque se intentan convencer de que no pasa nada.

Este año, hemos visto carteles de vecinos que han amenaza a otros vecinos sanitarios pidiéndoles que se marchasen de sus domicilios para evitar un presunto contagio; hemos visto vídeos en redes sociales en los que se insultaba a médicos por las medidas anti COVID implantadas por la Administración en la asistencia sanitaria; hemos visto a compañeros teniendo que explicar a los ciudadanos las nuevas formas de funcionamiento de los centros sanitarios porque la Administración no lo había hecho…

Las agresiones que se denuncian son muy pocas, por lo que las estadísticas y las cifras no reflejan la realidad de esta problemática.

Son muchos los compañeros que, año tras año, deciden buscar un nuevo futuro en otros lares, con menor precariedad, mejores retribuciones, menor carga de trabajo y mayor reconocimiento del que tienen en nuestro país. Aquí, el médico no se siente valorado.

Son muchos los compañeros que tiran la toalla por la presión asistencial, la brutal carga de trabajo que soportan y también porque lo único que reciben a cambio es el abandono de la Administración y los insultos de una parte de la población.

La violencia en el ámbito sanitario es algo que nos debe hacer reflexionar, profundamente, sobre la Sanidad que queremos tener y siempre partiendo de la base de que cualquier trabajador tiene derecho a sentirse seguro en su entorno laboral y que eso, por ahora, es un lujo que no está al alcance de los sanitarios de nuestro país y de nuestra Región.
Los médicos necesitamos una mayor responsabilidad de las autoridades sanitarias y, también, el apoyo de nuestros pacientes, de la sociedad al completo. Solo luchando entre todos contra esta lacra, conseguiremos acabar con ella.