Aviso legal

El Observatorio contra las agresiones a profesionales sanitarios de la Región de Murcia, integrado por el Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia y el sindicato médico CESM, valora muy positivamente la aprobación definitiva de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios, al considerar que supone un importante avance en la protección jurídica e institucional de los profesionales del sistema sanitario público ante los actos de violencia en el ámbito sanitario.
Desde el Observatorio queremos destacar que, durante la tramitación parlamentaria, se han tenido en consideración las diversas propuestas y observaciones técnicas formuladas tanto por el Colegio de Médicos como por CESM y trasladadas en el marco de la comparecencia institucional ante la Asamblea Regional y del trabajo desarrollado por el propio Observatorio.
Entre las principales aportaciones incorporadas al texto final destacan el refuerzo de la protección frente a agresiones verbales y físicas, la ampliación del ámbito subjetivo de la norma a familiares y acompañantes, una mayor precisión en determinadas conductas sancionables, la coordinación con la vía penal y la necesidad de garantizar que las medidas organizativas previstas no recaigan sobre el profesional agredido.
Asimismo, el texto aprobado recoge un enfoque preventivo e institucional alineado con el trabajo que viene desarrollando el Observatorio desde su constitución en junio de 2024, reforzando la sensibilización, el apoyo jurídico y la protección integral de los profesionales sanitarios frente a cualquier forma de violencia en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el Observatorio considera que esta ley constituye un paso relevante en la lucha contra las agresiones a sanitarios y una respuesta necesaria ante una realidad creciente que afecta a los profesionales y al correcto funcionamiento y calidad del sistema sanitario.
No obstante, desde el Observatorio se considera igualmente necesario realizar un seguimiento continuo de la aplicación y eficacia real de la norma una vez entre en vigor, a fin de evaluar adecuadamente su desarrollo práctico, su impacto efectivo en la reducción de las agresiones y las posibles necesidades de mejora o ajuste que puedan ponerse de manifiesto en su aplicación cotidiana dentro del sistema sanitario.