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Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se está intentando agotar todas vías posibles para buscar la mejor solución a la Orden de Sanidad que señala que la elección de plazas MIR 2020 se hará en julio de manera exclusivamente telemática. Por eso, a través de su secretario general, Gabriel del Pozo, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para exponer la situación en la que se encuentran los aspirantes y pedirle que medie en lo posible para solventarla.
 
En la carta se explica que el cambio de criterio se justifica en la declaración del estado de alarma y en la supuesta dificultad de movilidad que impedirían la presencia física en el Ministerio de Sanidad pese a que se levante el excepcional estado declarado. Esto ha generado confusión e indignación entre la grandísima mayoría de los profesionales que tienen que elegir plaza por la complejidad, la falta de confianza y pérdida de calidad en la elección solo por vía telemática y no en tiempo real. Esta opción obliga a pedir plaza con una antelación mínima de 12 horas, por lo que necesitan hacer una relación muy amplia de opciones, tanta como el número de orden que tenga el elector. Del mismo modo, impide la posibilidad de posponer la elección a otro momento del proceso.
 
El secretario general de CESM recuerda que la elección de plaza es el momento culminante de un proceso de un mínimo de 7 años de preparación para los médicos, por lo que necesitan contar con toda la información posible y todos los elementos de juicio necesarios, «cosa que no es posible en la elección electrónica».
 
La carta compara la situación de los futuros residentes con la de los estudiantes que en esas fechas se van a enfrentar a la EBAU, unas pruebas que sí se realizarán presencialmente aunque con medidas específicas de seguridad dictadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que CESM considera que se podrían aplicar también a la elección médica. De ahí que tanto la Confederación como el Foro de la Profesión Médica se hayan propuesto opciones para posibilitar la elección presencial, aunque sea de manera descentralizada, en tiempo real, a través de las Subdelegaciones del Gobierno y otros organismos oficiales, «que permitan una elección sin aglomeraciones y en tiempo real, con las garantías suficientes, tanto en cuanto al aseguramiento de la identidad de cada uno de los opositores, como al de la accesibilidad, que no ponga en peligro la elección de plaza deseada. Todo ello compatible con la elección electrónica para quien lo desee o no pueda hacerlo de otra forma».
 
En el texto al Defensor del Pueblo se explica que habilitar dependencias oficiales es más sencillo que proporcionar a cada elector el certificado electrónico o firma criptográfica, y que con el periodo estimado hasta la incorporación (septiembre), hay tiempo de sobra para que la elección se realice sin aglomeraciones incluso en el propio Ministerio de Sanidad. Además, el argumento de la imposibilidad de movilidad por todo el territorio se invalida tras el anuncio de que en julio España se abrirá al turismo internacional.
 
También se expone el punto de vista normativo aludiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 14 establece que reglamentariamente las administraciones podrán obligar al uso de medios electrónicos bajo ciertos criterios entre los que no se encontraría el caso actual de los residentes, lo que dejaría sin soporte legal la decisión de Sanidad respecto a la Formación Sanitaria Especializada.
 
Por todo ello, los argumentos para negar la posibilidad de facilitar una elección presencial, bien sea en el Ministerio de Sanidad o en otras dependencias de la Administración en sus distintos ámbitos territoriales, son excusas y obstinación del Ministerio de Sanidad para no rectificar de sus errores y presentar sus propuestas como las únicas posibles, tal y como ha argumentado el Director General de Ordenación Profesional en la última reunión de la Comisión de RR.HH. del Consejo Interterritorial del pasado 22 de mayo, sentencia la carta firmada por el secretario general de CESM.