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Soy Cristina Naranjo Fernández, neuróloga, delegada del Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM y, hasta ahora, responsable de Igualdad en esta organización. 
Tengo que iniciar este artículo alabando los progresos en materia de Igualdad en el  Servicio Murciano de Salud desde la Comisión de Igualdad, como la creación del II Plan de Igualdad que está en vigor y sus comités en cada gerencia; así como la creación de los equipos de apoyo para víctimas de violencia de género y de acoso sexual o por razón de sexo, entre otras medidas.
El año pasado escribí un artículo en el que caminaba por la cronología de las normas nacientes en aras de mejorar la situación de la mujer, concretamente en nuestro servicio autonómico de salud y bajo el rol de médico. 
Al hilo de este recorrido tengo que manifestar que se mantienen las mejoras obtenidas; pero que persisten claras desigualdades. 
Las médicas embarazadas, tras su adaptación al puesto de trabajo con la recomendación de exención de guardias siguen sin cobrar de oficio y desde su inicio el pago del prorrateo de sus guardias, con la consecuente merma retributiva con respecto a sus homólogos masculinos. Igual ocurre en situación de IT común en relación al embarazo. 
Más cruda es la situación de las MIR embarazadas que, en la misma situación mencionada anteriormente, no perciben el pago de sus guardias que han tenido que dejar de realizar por la gestación cuando su sueldo base es inferior al de las médicas adjuntas.
En la valoración de las doctoras gestantes por la mutua concertada con el SMS, se emiten informes en los que se interpreta que se apoyan en las tablas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), obteniendo una valoración en términos generales. Recordamos que la valoración debe ser individual acorde al trabajo que se realiza y que las tablas SEGO son una orientación.  Existen guías y procedimientos oficiales en los que individualizar la valoración de la mujer embarazada, máxime cuando tendrían que tenerse en cuenta los riesgos ergonómicos y la exposición a riesgos biológicos, físicos y químicos inherentes a nuestra profesión. 
De esta manera, a la mayoría de doctoras se les suele conferir la baja por riesgo en el embarazo a la semana 36 (en la mejor de las situaciones en la semana 32), cuando a la semana 37 está reconocido el permiso remunerado por el que el SMS permite a la embarazada dejar de trabajar y ausentarse. 
En otros servicios públicos de salud este escenario es diferente: se adapta el puesto de trabajo con el pago de exención de guardias desde el principio; y se le evalúa manera individual.
En una profesión como la nuestra, feminizada al 70%,  tras estas evidencias, reflexiono en voz alta:
Al ser los médicos un recurso humano escaso, con cada vez menos recambio generacional y siendo la mayoría mujeres, me pregunto si existe una perversión en el sistema para que sus médicas embarazadas trabajen hasta el final al no poder garantizar su reemplazo o si suponemos un gasto extra añadido para el servicio de salud si tuviese que asumir nuestra ausencia por unas bajas más tempranas y con el consecuente pago del prorrateo de guardias, unas adaptaciones de los puestos de trabajo con exención de guardias remuneradas desde su inicio, etc. El debate está abierto.
Por último y para dar un paso más al frente en conciliación, una medida reclamada por padres y madres es la exención de guardias al menos durante el primer año del bebé. Comunidades como Andalucía y Navarra lo tienen en sus normas. 
Animo a la Administración a que avance en estos puntos y no tenga que hacerlo a base de sentencias que le obliguen, porque retrasar su aplicación sólo conlleva un perjuicio laboral mantenido y un detrimento en la mejora del papel de la mujer médica trabajadora.