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Hasta hace unas décadas, ser un empleado público en España suponía tener un empleo estable, con unas retribuciones fijas -aunque no demasiado abultadas- trabajando para las distintas administraciones. Poco a poco esa realidad se fue desvirtuando, y la Administración se convirtió en la mayor empresa de trabajo temporal de España. Los políticos nunca fueron proclives a la creación de plazas de empleados públicos, a los que muchas veces se les ha culpado del gasto excesivo de las administraciones, así que poco a poco la función pública fue creciendo con personal que estaba fuera de plantilla, aumentando de forma gradual la temporalidad entre los empleados públicos hasta convertirse prácticamente en la única realidad.
 
En el año 2010, con España sumida en una grave crisis económica, se impone una tasa de reposición que deja fuera de la estabilidad, año tras año, a la mayoría de los empleados públicos. En los sectores llamados esenciales, como la sanidad, esta tasa se mantuvo, frente a lo ocurrido en otros sectores en los que llegó a cero en los peores momentos económicos. Mas mantener más de una década -ya son 12 los años- una tasa que impide que se oferten en las ofertas públicas de empleo todas las plazas posibles, y que además no incentiva la creación de estas, ha tenido un alto coste. El perfil del empleado público español ha pasado de ser el de un empleado con empleo estable y de calidad al de un empleado con trabajo temporal y precario. Las consecuencias son que frente al 8% de empleo temporal que se debería de tener en la Administración, en sanidad, en algunas comunidades como en Canarias, supera el 70%, o el 50% en Madrid -incluso aquellas que mantienen los niveles mas bajos de temporalidad en sanidad superan el 30%-. Así que la premisa de la estabilidad del empleado público español salió de la ecuación y se intenta con el tirón de orejas de Europa que esa estabilidad vuelva a ser la norma.
 
Si  embargo, no sólo fue la estabilidad en el empleo lo que se perdió; en el año 2010 el Gobierno español -que afrontaba una crisis económica sin precedentes, y gracias al estatuto del empleado público y a los que lo firmaron y lo hicieron posible- rebajó el sueldo de miles de funcionarios y estatutarios, siendo esta rebaja progresiva, según la categoría profesional, y llevándose lógicamente la peor parte la categoría A1, en la cual se incluyen los médicos. Así que la estabilidad salarial dejó de ser una realidad, ya que la amenaza de cualquier rebaja futura, si hubiera otra crisis económica de tal magnitud, persiste mientras lo haga el Estatuto Básico del Empleado Público. Desde el año 2010, esos recortes que se instauraron se han mantenido y los médicos llevan más de una década soportándolos en su salario sin que ningún gobierno del signo que sea se haya planteado revertirlos.
 
Además, a los recortes de los salarios de los sanitarios hay que añadir los que se practicaron en la propia sanidad, cuya inversión descendió drásticamente en los primeros años, y apenas se ha recuperado la que se tenía una década antes, ya que los servicios públicos -como lo es la sanidad- no se consideran una inversión en la salud de la población, sino un gasto desbocado que crece sin parar y debe de ser controlado.
 
El personal ya trabajaba al límite de sus capacidades antes de la pandemia, y ésta supuso una sobrecarga casi imposible de sostener en el tiempo
 
Estaban así las cosas cuando en 2020 comienza la pandemia del COVID19, que dejó todo en suspenso, puesto que todos los esfuerzos tenían que centrarse en salvar vidas y en que la sanidad tuviera capacidad de ver a todos los enfermos. No estábamos preparados para lo que vino: años de recortes acumulados habían pasado factura y la capacidad de la sanidad pública estaba muy comprometida por los años de desinversión. El personal ya trabajaba al límite de sus capacidades antes de la pandemia, y ésta supuso una sobrecarga casi imposible de sostener en el tiempo. No se tenían al principio ni los equipos de protección adecuados, y se trabajaba casi a pecho descubierto, así que los sanitarios enfermaban en masa por el virus, incluso muchos perdieron su vida.
 
Sin embargo, en un panorama que era ya desolador, nuestros políticos no sólo no entonaron el mea culpa ante la falta de previsión por su parte, sino que en algunos casos incluso acusaron a los sanitarios de contagiarse en fiestas en un país donde todo estaba cerrado y confinado. Los meses pasaban intentado doblegar la curva, pero ni una sola vez en estos meses el Gobierno se reunió con los sanitarios para pedirles que hicieran el sobreesfuerzo que estaban haciendo, o anunciar que serían compensados por él: se dio por hecho que tenían que hacerlo y no se les consultaron ninguna de las decisiones que se tomaron. La población salía como un ritual a las 20 horas a los balcones a aplaudir a los sanitarios, pero hasta esto se olvidó en cuanto acabó el confinamiento. Tras la primera gran ola de COVID, y con muchas mas que se sucederían en los años siguientes, al acabar el confinamiento el Congreso dictó una serie recomendaciones para reforzar la sanidad pública, que se estaba poniendo a prueba con una pandemia. Estas recomendaciones jamás se pusieron en marcha, y se quedaron en eso, en recomendaciones.
 
Así que en la sanidad no sólo se vivió la pandemia como la prueba que supuso para el sistema, sino con desesperanza, pues ni en las circunstancias más adversas se contó con los sanitarios o se pensó que había que mejorar las condiciones en las que trabajaban y la inversión en la Sanidad Pública.
 
Y en ese clima de desesperanza, de indignación, de falta de reconocimiento y de medios y plantillas, los médicos de Atención Primaria, cuya situación era agónica, estallaron a lo largo del país, porque si ni con una pandemia se plantean mejorar las cosas, ¿qué nos quedaba esperar? Esperemos que estos conflictos que están surgiendo en la mayoría de comunidades autónomas supongan un antes y un después para los pacientes, que cada vez tienen mas dificultad de acceso a la Sanidad Pública, y para los profesionales, ya que el margen de mejora es amplísimo, y que por fin entiendan nuestros políticos de todo signo que los recortes no se pueden mantener sine die y que la Sanidad es una oportunidad de inversión en la salud de la población, porque si algo ha quedado claro es que los médicos han trazado una línea y no están dispuestos a dar un paso atrás en la defensa de la Sanidad Pública.